Diario Información,Elda,22 Marzo 2012:
P. GUZMÁN
La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente sancionador contra el polémico vertedero de Las Cañadas, en el término municipal de Elda, por el que acredita la situación irregular de la instalación y ordena el cese de la actividad mientras no proceda a su regularización. Asimismo, establece la imposición a la empresa -Limpiezas Urbanas del Meditarréneo- de una multa de 20.000 euros por una infracción de la legislación vigente en materia de prevención de la contaminación y calidad ambiental, además de una indemnización a valorar en concepto de posibles daños y perjuicios causados, según consta en la documentación emitida por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a la que ha tenido acceso este periódico. Concretamente, el expediente de la Conselleria hace constar que ni la planta de tratamiento ni el vaso número dos -donde se están vertiendo residuos- disponen de la preceptiva autorización ambiental, por lo que al margen de la multa obliga a la empresa a cesar la actividad en tanto no regularice su situación. Una obligación que si la mercantil no asumiera se ejecutará de forma subsidiaria "a costa de los responsables", según advierte igualmente la Conselleria.
La resolución de la Generalitat viene a sumar un nuevo capítulo, quizá el definitivo, a la polémica trayectoria de una instalación sobre la que durante años han corrido ríos de tinta y sobre la que hace apenas dos semanas se tuvo conocimiento de que estaba siendo objeto de "vigilancia" por parte del Ayuntamiento de Elda a instancias de la propia Conselleria de Medio Ambiente que, como órgano competente, ha abierto este expediente sancionador.


Fuera del Plan Zonal
El vertedero privado, ubicado en la partida de Las Cañadas, viene funcionando desde hace más de veinte años al margen del Plan Zonal de Residuos Urbanos y al amparo de una licencia de actividad obtenida por silencio administrativo. Su situación ha llegado a la Comisión Europea, que abrió una investigación a instancias de la denuncia interpuesta en su día por IU por su presunta ilegalidad, y ha tenido un largo y no menos polémico recorrido en los tribunales que culminó el pasado año con el archivo definitivo por parte del Supremo de la querella interpuesta por la mercantil del vertedero contra el exalcalde socialista Juan Pascual Azorín. Como se recordará, la mercantil denunció a Azorín por su presunta intervención para impedir el acceso de camiones a las instalaciones del vertedero. El exalcalde estuvo durante siete años imputado por este caso hasta que el año pasado el Supremo procedió a su archivo ante la falta de pruebas.
La resolución autonómica pone fin a la vía administrativa, si bien todavía cabe la interposición de recurso de reposición ante la propia Conselleria o de presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales.

Basuras procedentes de la Comunidad Valenciana y Cataluña
Coincidiendo con la noticia de que Bruselas había procedido a abrir una investigación sobre la situación irregular de las instalaciones del vertedero, aceptando a trámite la denuncia de Izquierda Unida, la empresa Limpiezas del Mediterráneo denunció una campaña de "acoso y derribo" y realizó una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones. El gerente de la empresa, Vicente Marco, se ofreció asimismo a facilitar cualquier información relativa a las instalaciones y detalló que el vertedero, que se ubica en una parcela de 357.000 metros cuadrados, tiene una capacidad reconocida por licencia para acoger hasta 400.000 toneladas de basura al año y que se reciben residuos sólidos urbanos procedentes de diversos municipios de la Comunidad Valenciana y de Tarragona.
Efectivamente, al vertedero de Las Cañadas llegan diariamente camiones con la basura procedente de diversas poblaciones de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, no así de Elda, que lleva sus basuras a Villena, ya que en cumplimiento de la normativa la planta villenense es la única autorizada dentro del Plan Zonal de Residuos Urbanos XIII de la Diputación Provincial. Dicha circunstancia ha sido igualmente objeto de una intensa polémica, por cuanto a que mientras se ha estado permitiendo la actividad del vertedero, en término municipal de Elda y al margen de su situación irregular o no irregular, los eldenses pagan más de dos millones al año por llevar sus basuras a Villena. Así, en reiteradas ocasiones la oposición municipal ha puesto sobre la mesa que si el vertedero era legal y se permitía que siguiera funcionando por qué Elda no podía abaratar costes llevando allí sus basuras. Como colofón de las numerosas polémicas que han acechado el vertedero, el pasado año apareció semienterrado entre la basura el cadáver de una mujer que, según se dictaminó, murió por aplastamiento en un camión.(Leer noticia original)